SIMAS

Nicaragua sin condicionalidades del FMI

La situación de pobreza y la falta de opciones reales hacia los sectores mayoritarios, nos han llevado a posicionar nuestras demandas basándonos en procesos de investigación y sobre todo desde la ciudadanía, con quienes desarrollamos procesos de desarrollo local para transformar sus condiciones de vida. La Coordinadora Civil en el 2006 ha puesto en la agenda publica temas sensibles que afectan y limitan el desarrollo del país: Casi un 80% de la población vive con menos de dos dólar al día; solamente 6 de cada 10 jóvenes van a la escuela; 6 de cada 10 jóvenes en edad de asistir a la secundaria, se quedan fuera de la escuela. Por tal motivo nuestras prioridades han sido - Demandar la reestructuración de deuda interna por pago de quiebras de bancos privados la cual es ilegal y que significa un alto porcentaje del PGR así como la emisión ilegal de cenis. - La transparencia en la información publica principalmente conocer el uso de sobre recaudación de impuestos desde el 2004 al 2006 y en la distribución de rubros en el presupuesto nacional. - El incremento de la inversión social en salud y educación y del sueldo de los trabajadores de la educación y salud -Fortalecer el proceso de descentralización y de las transferencias municipales. - El respeto a nuestra Constitución Política, especialmente en lo relativo a la autonomía municipal y universitaria. - La democratización de los diferentes poderes del estado. -Elecciones limpias y trasparentes. Sin embargo muchas de estas demandas están frenadas en su desarrollo por las condicionalidades que impone el FMI, existen más de 25 condicionalidades para darle préstamo al país. Todos estos convenios y acuerdos se toman a espaldas de la ciudadanía quienes negocian y comprometen el futuro de nuestras generaciones, La Coordinadora Civil a poco días de las elecciones nacionales y teniendo como reto la implementación de la agenda ciudadana que titulamos “ la Nicaragua que queremos” presentada y firmada como compromiso por los candidatos a presidentes de los diferentes partidos políticos, considera que esta agenda no será posible, si no se da en el marco de las condiciones que requiere el país . Por tal motivo estamos organizando una marcha ciudadana de carácter nacional para hacer sentir el poder de la ciudadanía independientemente de ideologías partidarias, donde se exprese la voluntad política ciudadana de demandar la flexibilización de las condicionalidades del FMI hacia nuestro país y exigir al futuro gobierno la capacidad de negociación y transparencia en la información de estos convenios y acuerdos así como un dialogo amplio y abierto partiendo de las necesidades y propuesta de la nicaragua que queremos . No es casual, que se sumen a esta campaña ciudadanos de Europa, España, Dinamarca, Irlanda, suecia, Alemania, Finlandia quienes están dirigiendo carta electrónica al director del fmi y a sus ministros en respaldo a esta causa. A su vez el proceso de análisis y debate político con la ciudadanía de todo el país sobre estos ejes esta permitiendo generar una conciencia critica de estos temas exigiendo transparencia y rendición de cuentas, quienes respaldan el levantamiento de mas de 20,000 firmas físicas para ser entregadas a la asamblea nacional el día 26 de octubre para hacer prevalecer nuestras demandas. La marcha tiene como objetivo movilizar a la ciudadanía, de forma informada y consciente, demandando la Nicaragua que queremos sin las condicionalidades del FMI. Partirán ciudadanos de todo el país, miembros de las redes territoriales de la coordinadora civil, redes temáticas, movimientos sociales, gremios y ciudadanía en general Cada organización portara sus propios lemas y banderas, es una marcha ciudadana de hecho sin representación, ni emblemas de partidos políticos. actualmente desarrollamos todo un proceso de trabajo con nuestros miembros con el objetivo de garantizar la participación activa y creativa de los ciudada@s e invitamos a tod@s nuestros hermanos nicaragüense a sumarse a esta marcha que es una demostración de la fuerza y presión política de la ciudadanía para ejercer sus derechos.
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