SIMAS

Comunicado sobre Aprobación de Ley de Aguas

El AGUA es un recurso natural, limitado, esencial para la vida de las personas y el medio ambiente. El agua es un derecho universal, irrenunciable del cual todas las personas tenemos derecho a su acceso. En Nicaragua, a partir de la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales se corre el riesgo de que miles de personas no tengan acceso a este vital liquido, por lo que alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre lo que ha venido ocurriendo en el seno de la Asamblea Nacional. En febrero del año 2005, la Asamblea Nacional aprobó en lo general, la Ley General de Aguas Nacionales. A través de esta norma jurídica, se establecen las bases para que la privatización del recurso de agua potable sea una realidad en Nicaragua en detrimento de la calidad de vida que nos merecemos los y las nicaragüenses. Desde la elaboración de la primera propuesta de Ley General de Aguas Nacionales (elaborada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio–MIFIC) las organizaciones de sociedad civil, a través de un estudio de derecho comparado, ha demostrado que esa ley es excluyente, le niega el derecho de acceso a miles de personas y a todas luces, establece el marco jurídico para la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Basta leer, el Articulo No. 4 que establece: El servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos o de las que se creen en el futuro. La Coalición de Organizaciones por el Derecho de Acceso al Agua, ha demandado y sigue demandando, que el recurso y los servicios de agua potable y saneamiento, así como las concesiones sin ningún tipo de regulación de los recursos hídricos del país,no deben ser privatizados. La propuesta de las organizaciones de sociedad civil ha sido y seguirá siendo la siguiente: “El agua y su ciclo hidrológico como patrimonio nacional no serán objeto de privatización alguna, directa o indirecta. El agua potable para uso doméstico, medicinal y para acueductos,y los servicios o actividades relacionados con esos usos, como el saneamiento, no serán entregados bajo figura ni forma alguna a la empresa privada. Estos servicios son de carácter público bajo prestación exclusiva del Estado o las Municipalidades. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos.” Ante lo antes expuesto, las organizaciones de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua, demandamos lo siguiente: 1. Suspensión inmediata del proceso de discusión y aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales, que está siendo discutida en la Asamblea Nacional, casi en secreto y a espaldas de la ciudadanía. 2. Abrir un verdadero proceso de consulta con los diferentes actores de la Nación, para concertar el derecho de acceso al agua potable y saneamiento, tal como lo establece el Articulo No. 102 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. 3. El más importante derecho de la población es participar como ciudadanos en los órganos de gestión del Recurso Hídrico, desde la Comarca, el Barrio, el Municipio y los órganos nacionales. Su papel es contribuir a la ejecución de la Ley y a la formulación de políticas sobre el recurso y modificaciones legislativas. 4. Debe considerarse los planteamientos que han venido proponiendo organizaciones campesinas sobre el acceso universal al agua, ya que ésta es una ley vista desde el sector urbano y no del sector rural. Managua, 27 de noviembre 2006
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