SIMAS

Carta Abierta a Daniel Ortega

Durante los últimos meses del año 2006, diferentes organizaciones de la Sociedad Civil y del Movimiento Social han realizado múltiples esfuerzos con relación a los recursos hídricos en Nicaragua. El denominador común es que se han concentrado en la discusión, monitoreo y formulación de propuestas para mejorar la Ley General de Aguas Nacionales. Esta norma fue aprobada en lo general por la Asamblea Nacional al inicio de febrero de 2005 en el desarrollo de la XXI Legislatura. La Junta Directiva aprobó una segunda consulta. Agotado el proceso, el 7 de mayo de 2005 se presentó un nuevo texto de esta ley. Quedan pendientes la discusión en lo particular, la aprobación, sanción y publicación o veto presidencial. A continuación dejamos la Carta Abierta elaborada por Coalición de Organizacions por el Derecho al Agua (CODA), dirigida al nuevo Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra el día 9 de enero 2007, sobre la importancia que su nuevo gobierno retome los planteamientos y evitar la privatización del agua. -------------------------------- CARTA ABIERTA Managua, 9 de enero 2007 Sr. José Daniel Ortega Saavedra Presidente de Nicaragua Su Despacho Estimado Señor Presidente, reciba atentos saludos. En esta ocasión queremos referirnos públicamente a la situación del agua en nuestro país y a las implicaciones de la Ley General de Aguas Nacionales pendiente de ser aprobada en lo particular por la Asamblea Nacional. El AGUA es un recurso natural, limitado, esencial para la vida de las personas y el medio ambiente. El agua es un derecho universal, irrenunciable del cual todas las personas tenemos derecho a su acceso en calidad y cantidades necesarias. En Nicaragua, a partir de la aprobación en lo general de la Ley General de Aguas Nacionales, presentada por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, se corre el riesgo de que miles de personas no tengan acceso a este vital liquido, por lo que alertamos a su próximo gobierno tomar nota sobre esta situación. En febrero del año 2005, la Asamblea Nacional aprobó en lo general, la Ley General de Aguas Nacionales y el 23 de noviembre 2006, aprobó en lo particular hasta el artículo 45 de dicha norma, quedando establecidas las bases para que la privatización de los recursos hídricos sea una realidad en Nicaragua en detrimento de la calidad de vida que nos merecemos los y las nicaragüenses. Desde la elaboración de la primera propuesta de Ley General de Aguas Nacionales (preparada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio–MIFIC) las organizaciones de sociedad civil, a través de un estudio de derecho comparado, ha demostrado que esa ley es excluyente, le niega el derecho de acceso a miles de personas y a todas luces, establece el marco jurídico para la privatización de los recursos hídricos, así como los servicios de agua potable y saneamiento. Basta leer, el artículo No. 4 que establece: El servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos o de las que se creen en el futuro. La Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua, demanda que el recurso hídrico y los servicios de agua potable y saneamiento, no deben ser privatizados. La propuesta de las organizaciones de sociedad civil es que el artículo 4 se establezca que: “El agua y su ciclo hidrológico como patrimonio nacional no serán objeto de privatización alguna, directa o indirecta. El agua potable para uso doméstico, medicinal y para acueductos,y los servicios o actividades relacionados con esos usos, como el saneamiento, no serán entregados bajo figura ni forma alguna a la empresa privada. Estos servicios son de carácter público bajo prestación exclusiva del Estado o las Municipalidades. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos.” Ante lo expuesto, los miembros de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua, demandamos lo siguiente: 1. El país requiere una norma jurídica que garantice el derecho de acceso al agua potable y saneamiento, pero que al mismo tiempo frene cualquier posibilidad de privatización del recurso hídrico, así como prestación del servicio de agua potable y saneamiento. Por procedimiento el plenario de la Asamblea Nacional tiene que iniciar nuevamente la discusión y aprobación de la ley en referencia, por lo tanto, garantizar la No Privatización del Recurso Agua y servicio público. 2. Desde su gobierno y de la nueva Asamblea Nacional, abrir un verdadero proceso de consulta con los diferentes actores de la Nación, para concertar el derecho de acceso al agua potable y saneamiento, tal como lo establece el artículo No. 102 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. 3. En el caso de que el plenario de la Asamblea Nacional no atienda esta justa demanda, el Presidente de la República desde ahora debe comprometerse a hacer uso del Veto para impedir la privatización del recurso agua y los servicios públicos. 4. Invitamos a las nuevas autoridades rectoras del sector agua y saneamiento, sectores e instituciones involucradas con el tema de recursos hídricos, sumar esfuerzos en la dirección de garantizar el vital liquido en calidad y cantidades necesarias a la población en general y se impida la privatización bajo cualquier figura. Con la certeza que nuestra justa demanda será atendida, reiteramos nuestros saludos Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua: .- Acción Conjunta de Iglesias (ACT, Por su siglas en Inglés) .- Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca .- Asociación Hijas e Hijos del Maíz .- Centro Alexander Von Humboldt .- Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) .- Comité de Acción Global .- Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica (GPAE) .- Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua (LIDECONIC) .- Mesa de Productoras y Productores del Norte (MEPRONORTE/UNAG) .- Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS)
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