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¿Por qué una ley sobre bioseguridad?

Por Denis Meléndez Aguirre * El 29 de noviembre de 2005 un grupo de personas, de diferentes instituciones y posiciones con relación a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), entregaron a la Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar de la Asamblea Nacional una propuesta de Ley sobre Prevención de Riesgo Proveniente de Organismos Vivos Modificados por medio de biotecnología molecular. Una cantidad impresionante de percepciones, contradicciones y apreciaciones sobre el tema habían logrado ser superadas, y ofrecían al país una propuesta sobre la base de consenso. En el esfuerzo colegiado de elaboración de la misma participaron instituciones como: el INTA, Mag-For, Marena y Minsa. Por la educación terciaria: el CNU, UCA y UNA. El sector privado a través de: UNAG, Upanic, Anprosor y Anapa. Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil a través de la Alianza de Protección a la Biodiversidad – Nicaragua. El interés común que guió a estas personas, una vez recibido el desafío de trabajar a favor del país, fue la urgente necesidad de dotar a Nicaragua de una norma jurídica en materia de bioseguridad. Se debe recordar que en los últimos años ha circulado a nivel nacional, e internacional, la información sobre la presencia de lo que comúnmente se conoce como transgénicos, y que en otros círculos conocen como OGM. Una primera lección del proceso es que en la agenda de trabajo de este equipo interinstitucional estaba la construcción de la propuesta de norma jurídica, pero despojados de la posición a favor o en contra de los OGM. Había que despojarse de la creencia arrogante de que se es dueño absoluto de la verdad, y caso contrario ser parte de un esfuerzo nacional. Ahora se puede afirmar que esto es posible en Nicaragua. Pero, ¿por qué una ley sobre bioseguridad para Nicaragua? Particularmente la Alianza de Protección a la Biodiversidad – Nicaragua había compartido con el país, y en una ocasión con la región, los resultados de investigaciones que evidenciaban la presencia de OGM en diferentes productos. Se habían realizado monitoreos en: ayuda alimentaria (maíz y cereal mixto), maíz, productos procesados industrialmente y aptos para consumo humano, y más recientemente en la variedad comercial de arroz conocida como LL601. Todos los análisis de laboratorio, y sus resultados, están respaldados por una institución de reconocimiento internacional en la materia: el Genetic ID, Iowa, Estados Unidos. En cada una de las presentaciones de los resultados de estas investigaciones se han abierto, intempestivamente, las puertas de la polémica. Entendemos que esto es saludable para el país, particularmente porque se hacen esfuerzos para construir espacios para el análisis y debate de las ideas. Los efectos adversos de los OGM no son saludables, ni para las personas, ni para la economía del país, ni para el ambiente, en fin, no le convienen a Nicaragua. Todos estos argumentos, en pro y en contra sobre los OGM, fueron guardados momentáneamente, y en su lugar se otorgó prioridad a los instrumentos regulatorios y jurídicos, compromisos de país, normas de derecho comunitario internacional, etc. todos los recursos que abonaran a la preparación de la propuesta de ley. El martes 5 de junio de 2007, en una nueva ocasión, la Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar de la Asamblea Nacional llamó a los miembros de este equipo interinstitucional que trabajó la propuesta de ley. Se ha informado que hay voluntad parlamentaria para que en los próximos días se ubique en agenda del plenario de la Asamblea Nacional la Ley sobre Prevención de Riesgo Proveniente de Organismos Vivos Modificados por medio de biotecnología molecular. Esta norma que es hija del consenso interinstitucional y de entidades que tienen opiniones opuestas sobre el tema, pero que lograron meritoriamente superar los prejuicios y adoptar una posición de país. Lo que se necesita en Nicaragua es una ley sobre bioseguridad, y la ubicación en agenda de este requerimiento fue la llave que abrió las puertas al entendimiento de todo el equipo interinstitucional y multidisciplinario que elaboró la propuesta. Ahora la propuesta está en el seno de la Asamblea Nacional, y se espera que se apruebe en un plazo prudente. La esencia de la solución, para tantos vigores dispersos, pasa por lograr el entendimiento de que la suma de éstos es lo que necesita este país. Probablemente, y sin decirlo en esos momentos, se aplicó el principio de la inclusión. La propuesta de ley en referencia es un ejemplo de que se puede trabajar a favor de Nicaragua, y lograr la superación de los males que arrastra la exclusión. Final y felizmente para Nicaragua, nos aproximamos a la realidad de dotar a nuestro país de la norma jurídica que regule en materia de bioseguridad. Urge la aprobación de esta norma jurídica que brindará, sin lugar a dudas, seguridad jurídica a la salud de las personas, el ambiente y a la economía de la pequeña y mediana producción. ______________ *- Tomado del Nuevo Diario. Responsable del programa de Incicidencia. CISAS. incidencia@cisas.org.ni
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